A través de distintos medios de comunicación peruanos, se vio en las últimas semanas a cientos de pobladores de la comunidad campesina de Fuerabamba apostados en el Fundo Yavi Yavi, bloqueando el camino trazado para desplazarse de y hacia la mina Las Bambas, una de las principales abastecedoras de cobre del mundo (ubicada en una región peruana que está a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar). La protesta (actualmente en tregua a partir de negociaciones de alto nivel) se extendió por más de 60 días, y la comercialización del mineral es amenazada por esta revuelta que ganó adeptos en comunidades aledañas.
El origen del conflicto sería la molestia de los comuneros de la zona por la construcción de una vía por la que transitan camiones, cuyo polvo contaminaría las tierras y poblados; la habilitación de una vía respecto de la cual la comunidad de Fuerabamba considera tiene derechos reales vulnerados; la supuesta falta de otorgamiento de licencia social; entre otros. Al otro lado, se encuentra la expectativa de la empresa titular del proyecto minero por seguir con la explotación de la mina, al amparo de la seguridad jurídica y del principio de autoridad, pero que por el bloqueo está en una parálisis tan perjudicial que, según ha trascendido, podría llegar a afectar hasta 1% del PBI del Perú y subir el precio del commoditycobre. En medio se encuentra el Estado peruano, titular de los derechos sobre los recursos naturales en cuestión, que ante el incremento de las tensiones ha decidido actuar de forma activa a través del diálogo. Detrás de toda esta disputa, habría una pretensión netamente económica que se buscaría favorezca a la comunidad de Fuerabamba (o a una parte de ella), al considerarse insuficiente la compensación que la minera en cuestión habría entregado a los pobladores de la zona de influencia del proyecto Las Bambas.
El conflicto en cuestión pone en alto relieve una problemática compleja para la minería peruana, y para la minería en general, y es el impacto socio-ambiental que la explotación minera genera. Existe una multiplicidad de actores, cada uno con una lectura totalmente diferente de la realidad, de los derechos y de la aplicación de las leyes; lo que dificulta el avance fluido de la convivencia en un estado de derecho bajo un modelo económico que requiere de la explotación de los recursos naturales disponibles. Sin duda, estamos ante visiones del mundo opuestas, por lo que esta situación requiere de una institucionalización del diálogo continuo como parte esencial del proceso minero desde su gestación y, desde luego, al inicio de cualquier beligerancia, ya que intentar llegar a consensos dentro de la escalada del conflicto puede tomar demasiado tiempo.
Ante esta coyuntura, nos preguntamos por el rol que podría cumplir la industria aseguradora conociendo los antecedentes de la minería peruana y los riesgos a los que se encuentra expuesta. Un producto destinado a cubrir típicamente a esta industria extractiva es el seguro ambiental, que cubre riesgos por contaminación, y el seguro de lucro cesante, que busca resguardar a los asegurados de las pérdidas económicas que pueden sufrir ante el acaecimiento de determinados hechos dañosos.
La institución del seguro está creada, en general, para trasladar a los aseguradores el riesgo de una afectación al patrimonio del asegurado por ocurrencias futuras e inciertas. En la actividad minera el riesgo medioambiental es altísimo, así como los efectos paralizantes de la convulsión social. Y, es en interés de la minería, y de los aseguradores y reaseguradores de proyectos mineros, prevenir y mitigar el riesgo de la ocurrencia de hechos dañosos cuyas consecuencias patrimoniales por lucro cesante, como vemos hoy, pueden ser nefastas. Pues bien, para ello no sería descabellado que las pólizas ofrecidas al sector minero contengan, dentro de sus coberturas, la atención temprana y preventiva de conflictos socio-ambientales complejos, a través de la designación y contratación de facilitadores en la gestión de este tipo de conflictos que colaboren con los equipos especializados de los propios asegurados, y así intentar conjuntamente evitar o mitigar el eventual daño. Es interés de las mineras que, apenas se esté ante un potencial escenario de confrontación por aspectos medioambientales, expertos destacados por empresas de seguros acudan a la zona de influencia para intentar hallar una solución al abordar el problema desde distintos ángulos, aceptando lecturas discrepantes de los hechos,reduciendo así la exposición de los asegurados y, por ende, de los aseguradores. La situación que atraviesa Las Bambas – donde la gran minería ha implementado desde un inicio las mejores prácticas para evitar un conflicto como el que hoy se afronta – revela que quizás tales esfuerzos no sean suficientes, pero no es difícil imaginar que las consecuencias hubiesen sido más gravosas sin la adopción de tales medidas.
Las coberturas de riesgo ambiental que actualmente operan en diferentes países son variadas, pero para lograr un amparo total de todos los aspectos vinculados a dicho riesgo se requiere de un sistema de garantías, en el cual participan fondos ambientales privados estructurados a partir de fideicomisos de garantía, seguros de responsabilidad civil con cláusula ambiental (NMA 1685, entre otras) y seguros de caución para gastos de remediacion de suelos y recomposición ambiental. Dentro de estas coberturas, en la coyuntura actual de aumento de la conflictividad, la introducción de sistemas de resolución y atención temprana de conflictos creados por el riesgo medioambiental se revelaría sumamente útil, debido al impacto que el alargamiento o falta de resolución de conflictos socio-ambientales puede acarrear en otros riesgos, como el del lucro cesante.
Dicho ello, a la par que esperamos que el conflicto en el Fundo Yavi Yavi se resuelva a la brevedad posible y de manera definitiva, auguramos que el sector minero nacional pueda acceder a productos de seguros que permitan enfrentar la convulsión social con mayor optimismo sobre la posible resolución del conflicto, a partir de expertos que acompañen al asegurado y cuyos costos sean cubiertos por las aseguradoras. De esta manera, se podría reducir el impacto económico del descontento social, a partir de una cobertura de seguros estratégicamente diseñada, y que considere los riesgos a los que la minería se encuentra más expuesta.
Autores: Fernando Hurtado de Mendoza (Peru) – Rossana Bril (Argentina)
